SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico no partidista y capítulo dominicano de Transparencia Internacional, Participación Ciudadana, en el marco de su Observatorio a la Función Pública, realizó un monitoreo que identifica que del 2012 la nómina pública del gobierno central, sin los ayuntamientos y otros organismos descentralizados, era de 336,000 empleados, y para el 2014 estaba en 441,000; en el 2016 se situaba en 550,000, y hoy día sobrepasa los 650,000 servidores, duplicándose en solo siete años.
Esto sugiere que se cuenta con un macro Estado con un empleado público por cada 13 habitantes y por cada ocho electores, lo que no se corresponde con el tamaño del territorio. Se trata de una estructura grande, ineficiente y cara. Una macroestructura, llena de organismos duplicados, que lejos de achicarse, en busca de una mayor productividad, se ha ampliado por las prácticas del patronazgo y el clientelismo”, expresó el Consejo Nacional de PC en un comunicado de prensa.
El movimiento cívico advirtió que en contraste con esta política clientelar y como muestra de la escasa institucionalización de la administración pública, desde el 2008, año en que se aprobó la Ley de la Función Pública 41-08, solo se han incorporado a la Carrera Administrativa alrededor de 62,000 servidores, quedando evidenciado el retraso, lentitud y obstrucción para la incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa general y especiales.
El Consejo Nacional de PC afirmó que lo más grave es que, desde el 2013 la incorporación a la Carrera Administrativa se ha semi paralizado, violándose los derechos constitucionales y legales de decenas de miles de empleados
En lo referente a las Carreras Administrativas Especiales, que contempla la Ley de Función Pública, a saber: Docente, Diplomática y Consular, Sanitaria, después de 11 años de aplicación de la ley 41-08, Participación Ciudadana sostiene que ha debido producirse una implementación rigurosa y sistemática de estas Carreras Especiales, donde también se producen violaciones a sus estatutos particulares, pero no ha sucedido así.
Para PC, más allá de las carencias, ausencias y contradicciones que la Ley de Función Pública 41-08 trajo consigo, es importante consignar que después de 11 años de su vigencia, la esencia de la misma no se ha instaurado, los empleados sujetos de incorporación a la Carrera, son unos 160,000, sucediendo que de estos apenas unos 62,000 (39%) han sido incorporados a la Carrera.
El Consejo Nacional de PC indicó que otra fuerte debilidad en la aplicación de la Ley 41-08, ha sido la inobservancia de la esencia democrática de la misma, al no aplicarse sus principios fundamentales, entre ellos: Mérito personal, Igualdad de acceso a la Función Pública, Estabilidad en los cargos y Equidad retributiva.
“Lamentamos que el clientelismo visceral ha duplicado en siete años el total de empleados públicos, en consecuencia, la incorporación a la administración pública no es fruto de la igualdad de oportunidades ni del mérito personal que se prueba con la participación en los concursos, siguiendo las descripciones de puestos y las especificaciones de los cargos”, manifestó.
Agregó que lo mismo sucede con la falta de equidad salarial, a partir del principio universal de: “a igual trabajo igual salario”, señalando que a siete años de la promulgación de la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, no se ha dictado ni emitido su Reglamento, lo que evidencia que a la Presidencia de la República no le interesa, dificultando su aplicación.
Participación Ciudadana, que defiende una administración pública democrática, equitativa, real y eficiente, reconociendo que algunos servicios administrativos han mejorado, llama a la implementación de las reformas reales para el funcionamiento de un Estado moderno, con el cumplimiento de todas las normativas existentes y las nuevas reformas que sean necesarias”, sostuvo el Consejo Nacional de PC.
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