Santo Domingo. El candidato presidencial independiente, Ramfis Domínguez Trujillo, aseguró hoy que las acciones abusivas de un gobierno como la de intervenir teléfonos sin el debido proceso de ley, así como la intimidación, extorsión y coerción para beneficio propio, es una dictadura.
Domínguez Trujillo se refirió al tema a propósito de las denuncias sobre interceptaciones telefónicas presentadas, primero por la destituida jueza Miriam Germán Brito y posteriormente por la diputada Faride Raful, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM)
En mensajes a través a través de su redes sociales, insistió en que “cuando el gobierno maneja los estamentos del poder a su antojo y utiliza mecanismos de opresión como el espionaje ilícito y arbitrario, con métodos como la intervención a las líneas telefónicas, sin cumplir con los procesos legales correspondientes, para luego incurrir en actos de intimidación, manipulación, extorsión, chantaje y demás en beneficio propio, eso se llama dictadura”.
Asimismo, sostuvo que las intervenciones telefónicas se han convertido en una práctica muy común en la República Dominicana. “¿Cómo determinar que estamos viviendo una dictadura? Cuando vemos que los estamentos del poder se valen de los mecanismos de gobiernos dictatoriales y estos se convierten en parte del ejercicio político. Estas intervenciones telefónicas se han vuelto una práctica demasiado común en nuestro país, donde vemos que las leyes que rigen este tipo de actividad se le hacen caso omiso”, refirió.
Señaló que según cifras dadas a conocer por el Ministerio Público, las autoridades judiciales autorizaron intervenir alrededor de 17,637 líneas telefónicas entre los años 2017 y 2018, según afirman en el marco de procesos de investigaciones que manejan.
Igualmente, precisó que según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial, el pasado año los juzgados de instrucción y oficinas de Atención Permanente del Distrito Nacional y de los municipios Santo Domingo Este y Oeste, aprobaron 12,754 y rechazaron 135, de las 12,889 solicitudes de interceptación telefónica que conocieron.
Resaltó que de acuerdo,} con el Poder Judicial, de 2017 a 2018 las solicitudes y aprobación de interceptaciones telefónicas se triplicaron. “Ambos años suman 18,067 las solicitudes realizadas por el Ministerio Público en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo”, puntualizó.
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