Santo Domingo. La Procuraduría General de la República solicitó a la telefónica Claro la intervención del teléfono de la jueza Miriam Germán Brito, refiriéndose a “un individuo solo conocido con las iniciales BNI” y la justificación fue la investigación por violación a varios artículos de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias controladas.
Así consta en la autorización emitida por la jueza suplente de la Jurisdicción de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Odania Lapaix Mejía, del 24 de noviembre de 2018.
Ayer, la compañía Claro le entregó a la jueza la documentación sobre la interceptación de la que fue objeto, acogiendo una sentencia a su favor.
En la resolución de autorización, la jueza Lapaix Mejía daba un plazo de 60 días para ejecutar la intervención que pidiera el procurador general adjunto, inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez Veloz.
La Policía no recibió datos
Anoche, la Procuraduría General de la República dio a conocer una certificación emitida por la Policía Nacional donde consta que esta institución no recibió información derivada de la solicitud de interceptación del número telefónico de Miriam Germán.
La certificación fue expedida por la Policía Nacional a requerimiento del magistrado Bolívar Sánchez, quien había solicitado a ese organismo la no ejecución de la interceptación, “por no ser la magistrada Miriam Germán objeto de la investigación que llevaba a cabo en contra de Richard Gloss Ovalles y/o Richard Molina Ovalles”.
Detalla que como había explicado Sánchez, una vez fue recibida de la empresa telefónica Claro la información de que había un número registrado a nombre de Germán, “se decidió no ejecutar la interceptación, por no ser ésta objeto de la investigación”.
La Procuraduría agrega que también “se puede comprobar en dicha certificación que tal y como había informado la Procuraduría nunca recibió información producto de dicha interceptación”.
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