Santo Domingo.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra un general y un coronel de la Policía acusados de seducir a una menor de edad.
Se trata del general Antonio Acosta Castellano y el coronel Ángel Antonio Bautista Piña, ambos cumplirán la medida en la Cárcel de Operaciones Especiales de la Policía Nacional que funciona en Manoguayabo.
De manera preliminar, el Ministerio Público ha indicado que los actos que habría cometido Bautista Piña constituyen una violación a lo establecido en los artículos 355 del Código Penal Dominicano, así como en el artículo 396 literales B y C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Mientras que con relación a José Alejandro Acosta Castellanos señaló que se le imputa incurrir en la violación de los artículos anteriormente citados, así como el 317 del Código Penal Dominicano.
A pesar de que la madre de la víctima había desestimado la denuncia, el juez Vargas acogió la petición hecha por el órgano persecutor al considerar la gravedad de los hechos, entendiendo que los mismos son de orden público y que prima el principio del interés superior del menor, legalmente constitucionalizado.
Sobre los hechos, el expediente instrumentado por la Fiscalía del Distrito Nacional indica que en el sector Villa Juana, durante el año 2017, el imputado Acosta Castellanos conoció a la víctima, cuyo nombre se omite por razones legales, y comenzó una relación sentimental con la adolescente que para ese entonces tenía 15 años de edad. A raíz de esta relación, supuestamente la jovencita resultó embarazada en dos ocasiones y ambas veces fue inducida a abortar.
En tanto que en julio del año 2018, el imputado Bautista Piña compañero de labores del suspendido general conoció a la adolescente, y también entabló una relación sentimental con la misma, llegando a filmar un video íntimo de índole sexual que circuló en redes sociales, conforme arrojaron los datos recabados mediante la investigación realizada por el Ministerio Público, la cual estuvo a cargo del procurador fiscal investigador Héctor Almonte.
El órgano persecutor ha ofrecido garantías de que este caso será llevado hasta las últimas consecuencias, de modo que se obtengan las sanciones que establece la ley para este tipo de delitos.
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