Santo Domingo.- El Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) informó ayer que el precio presentado por el Estado a Petróleos de Venezuela (PDVSA) por el 49% de las acciones de la empresa es de US$130 millones, y explicó que la operación no compromete aspectos de la soberanía porque se trata de una operación de comercio.
En una rueda de prensa realizada en la Secretaría de Estado de Hacienda, encabezada por su titular, Vicente Bengoa; el gerente de la Refidomsa, Viriato Sánchez; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio; y los abogados Marino Vinicio Castillo, Abel Rodríguez del Orbe y Mariano Germán, se informó que el Estado dominicano recibirá el dinero en efectivo.
La venta del 49% de las acciones de la Refinería no abarca a la Operadora de Puerto Viejo, en Azua (Opuvisa), por lo que de agregarse a la operación el monto sería mucho mayor.
El Consejo de Administración de Refidomsa informó también que anoche participarían en una reunión con una comisión de Venezuela encabezada por el vicepresidente ejecutivo de PDVSA, Asdrúbal Chávez, el gerente Luis Rivas, el consultor jurídico y el auditor general para realizar los detalles que haya que hacer, debido a que el presidente Hugo Chávez viene el 30 de este mes a la celebración del centenario del profesor Juan Bosch, por lo que tratarán de concluir el contrato para firmarlo en esa fecha.
El secretario de Hacienda manifestó que la decisión de venta del 49% de las acciones a Refidomsa responde a un proceso que viene desde finales del año 2008, período en el cual fueron en comisión a Venezuela y establecieron el precio de US$130 millones.
Recordó que el Estado adquirió el 50% de las acciones de la petrolera que poseía la multinacional Shell por un precio de US$110 millones.
En efectivoBengoa explicó que la forma de pago será que en vez de entregar el efectivo a PDVSA por la compra de combustibles a Venezuela ese dinero se le entregará al Estado, mientras el financiamiento por PetroCaribe seguirá igual, aunque con la posibilidad de ampliarlo.
Recordó que el país compra 30,000 barriles diario a Venezuela a un precio promedio actual de US$70 y de ese monto el 40% es financiado a un plazo de 25 años con un año de gracia, mientras el 60% restante se paga en efectivo y por tanto en vez de entregarlo a PDVSA la Refinería lo entregará al Estado dominicano.
“En tres meses tenemos el dinero en efectivo, es decir, el gobierno va a recibir el dinero en efectivo”, recalcó.
Bengoa explicó la proyección que han estimado para los próximos 12 meses, basada en que con un precio de US$70 por b/d, con un 40% de financiamiento el gobierno recibiría US$302.4 millones. Si la cuota fuera de 40,000 b/d entrarían US$403.2 millones y si llega a 50,00 b/d recibiría US$504 millones, que al año serían US$201.6 millones adicionales. “Ahora recibimos US$302 millones y vamos a recibir US$504 millones”, dijo.
Marino Vinicio Castillo rechazó que se vaya a violar la soberanía nacional y dijo que ahora se introduce una ventaja notable para el país porque el Estado conservará el 51% del capital y la dirección y control de la empresa, lo que no ocurría con la Shell.
Dijo que Venezuela es un amigo incomparable de del país y que el acuerdo de PetroCaribe significó el precio de la paz nacional, “porque sin él la hubiéramos pasado muy difícil”.
Puntos relevantes El secretario de Hacienda citó 12 puntos revelantes del acuerdo que define serán beneficiosos para el país: Primero, establece la posibilidad de un aumento de la cuota de suministro.
En segundo, la operación y administración de la refinería sigue en manos de dominicanos. Tercero, se abre la posibilidad de convertir a Refidomsa en una empresa exportador, y se va a captar inversiones para aumentar la capacidad de almacenamiento, refinamiento y acceso a recursos técnicos.
Mariano Germán, abogado y miembro del Consejo de Administración de Refidomsa, explicó que la venta del 49% de acciones es un acto de comercio y no un acto administrativo del Estado, por lo que no es necesario someterlo a un proceso de licitación como dice la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, sino que sólo se requiere darlo a conocer al Congreso Nacional.
Dijo que sólo están sometidas a procesos de licitación pública las compras y contrataciones que hace el Estado por ser actos administrativos o de administración pública, pero no la venta de dichos servicios.
Las acciones o intereses en las compañías de crédito público, de comercio o de industria son bienes muebles, de acuerdo con el Código Civil.
Su venta, cuando pertenecen al Estado, “como el caso que nos ocupa”, será puesta en conocimiento del Congreso Nacional por mandato constitucional, explicó el abogado empresarial.
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