28 de julio del 2009
Santo Domingo. El temor a que el proceso de canalización de los ríos que dictaminó el Poder Ejecutivo se convierta en una "puerta abierta" para la explotación comercial de agregados persiste entre algunos sectores que exigen estudios y contratos que avalen dicho proceso.
Sin embargo, ayer la comisión designada por el Ejecutivo para realizar los trabajos en los ríos acordó llamar a licitación entre el 3 y 11 de agosto para precalificar a las empresas interesadas en realizar la canalización.
En reunión en la tarde de ayer, la Comisión tomó como válidos los 80 puntos críticos identificados por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), como los lugares que se deben intervenir de manera urgente.
Acordaron también iniciar los trabajos en el río Baní, debido a que éste tiene su cauce casi a nivel del suelo, debido al grado de sedimentación, lo que constituye un peligro inmediato para los pobladores de sus alrededores.
El ingeniero Héctor Rodríguez Morillo, encargado de la Cátedra Hidráulica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) abogó porque la participación de las granceras en la canalización se haga mediante reglas claras y con la firma de contratos "limpios" en los que estén presentes el Estado y la sociedad civil.
En ese sentido, el también hidrólogo Eldon García advirtió que antes de cualquier intervención se debe contar con los estudios de mecánica de ríos, para saber dónde y qué cantidad se permite extraer en cada lugar, porque de lo contrarío sería fácil caer en un mero negocio para las granceras.
"Por lo regular aquí se hacen los trabajos sin contar con los estudios necesarios y se termina haciendo más daño a los ríos. Además cada afluente tiene se equilibrio mecánico y cuando se va a intervenir se debe evaluar el impacto en ese equilibrio", dice García.
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