Santo Domingo.- Tal y como se había pronosticado, el artículo 30 del proyecto de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo para ser avalado por la Asamblea Revisora se convirtió ayer en fuente de discución, lo que obligó a que su conocimiento fuera pospuesto para el próximo martes.
Pero contrario a lo que se esperaraba, el proyecto recibió el respaldo total de los asambleístas de los partidos Revolucionario Dominicano, Reformista Social Cristiano y la Fuerza Nacional Progresista, así como de una gran parte del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, que le negó el apoyo al proyecto enviado por el presidente Leonel Fernández.
Este proyecto dice: “El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse, ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.
Cuatro horas y 25 minutos duró la discusión sobre este tema del cual opinaron 33 asambleístas.
En total la jornada de ayer se extendió desde las 4:20 de la tarde de ayer hasta las 12:25 de la madrugada de hoy.
Los planteamientos sobre el tema fueron iniciados por la reformista Rafaela Alburquerque, quien dijo tanto su organización como su filial internacional, la Organización Demócrata Cristiana (ODCA), defienden el derecho a la vida, razón por la cual apoyan el proyecto del Ejecutivo.
El proponente de la modificación, Víctor Terrero, afirmó que el artículo viola una serie de derechos que en principio pretende proteger, como lo es el derecho a la vida de las mujeres.
El proyecto también fue defendido por otros peledeístas como Magda Rodríguez y Elzo Martínez.
Los perredeístas y los reformistas se mantuvieron presionando para que el texto se aprobara anoche y los oficialistas hicieron todo lo posible para que vaya a comisión.
Para la posposición, el presidente de la Asamblea Nacional, Reinaldo Pared Pérez, alegó que el reglamento lo autoriza a la sus pensión después de la ocho horas de debates.
Otros puntosTambién se estableció el Capítulo dos de la Constitución sobre el Estado Social Democrático de Derecho, cuyos artículos, los siete y ocho fueron acogidos con ligeras modificaciones de la propuesta sometida por el Poder Ejecutivo.
“La República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria descentralizada, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de los poderes.
Cualquier decisión que subvierta el orden constitucional sin respetar el procedimiento de reforma establecido en el Título XII de la presente Constitución o que sea acordado por requisición de las Fuerzas Armadas, es nula de pleno derecho”, es el nuevo artículo siete.
Mientras que el ocho establecerá que “El Estado asume como función esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad, y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse igualitaria, equitativa y progresivamente, dentro de un orden de libertad individual y de justicia social compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos”.
Además se aprobó el Título II De los derechos, Garantías y Deberes Fundamentales y su capítulo I referente a los Derechos Fundamentales y la Sección I De los Derechos Civiles y Políticos, con una sub-sección que habla de la Dignidad Humana.
El artículo nueve, de este título dispone que “El Estado se funda en el respeto de la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes.
La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable y su respeto y protección constituyen una responsabilidad fundamental de los poderes públicos”.
En la Sub sección 2, Del derecho a la Igualdad, el artículo 10 y seis numerales, establece “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, instituciones y demás personas y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal, discapacidad y edad”.
NO PUDIERON ENTRAR AL SALÓN DE LA ASAMBLEA
Una comisión de la Iglesia Católica, encabezada por el padre Manuel Ruiz, acudió a observar los debates, pero no se le permitió alegando que no estaba acreditada.
En el lugar estaban representantes de organizaciones de la sociedad civil que proponen despenalizar el aborto.
Los asambleístas además aprobaron agregar un nuevo numeral al que será el artículo 10 de la Constitución para establecer que “se reconoce de remuneración igualitaria por trabajo realizado de igual valor, realizado por hombres y mujeres”.
El asambleísta de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, explicó que cuando un médico interrumpe un embarazo para salvar a la madre no incurre en ninguna violación de tipo penal.
La discusión por el artículo 30 dejó al descubierto la diversidad de criterios que hay en los peledeístas, ya que al momento de votar se les vio discutir acaloradamente y tuvieron ser llamados al orden por la presidencia de la sala.
Varios asambleistas que son médicos ginecoobstetras, como César Díaz Filpo y Cristian Paredes, recharon los argumentos de que con el proyecto se busca salvar la vida a cientos de mujeres y evitar futuras demandas judiciales contra los galenos.
La sesión continúa el próximo martes a las 3:00 de la tarde.
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