Francisco Méndez reiteró que la criminalización del fraude eléctrico es una disposición que busca disuadir a los usuarios de que se conectan fraudulentamente a que regularicen su situación ante las distribuidoras de electricidad.
Enfatizó que la ley 125-01 y sus modificaciones, es de doble vía, porque será aplicada tanto a quienes hurten la energía eléctrica como a las empresas distribuidoras que cometan cualquier indelicadeza en contra de sus clientes.
Méndez apuntó que a medida que lo usuarios paguen, habrá más circuitos con 24 horas de servicio.
El superintendente recordó que el año pasado el Gobierno erogó la suma de US$1,100 millones para el sostenimiento del sector energético, de los cuales US$467 millones se destinaron para cubrir el subsidio a la tarifa eléctrica, es decir, que por ese concepto tuvo que erogar aproximadamente 17 mil millones de pesos.
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